Desde Extranjeristas en Red hemos decidido elevar una protesta ante la Secretaría de Estado de Migraciones y ante el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la actitud que ha desplegado el nuevo Director General de Migraciones ante una sugerencia del Defensor del Pueblo, que se ha negado a adoptar, pese a lo enormemente razonable de la misma. Mal empieza el nuevo Director General dejándose asesorar por quienes impiden una mayor eficacia y sólo conseguirán profundizar en el colapso.
El motivo de la queja que da inicio a la cuestión fue que la Oficina de Extranjeria en Valencia – conocida como una de las más duras y que peor funcionan de todo el territorio del estado – se negó a admitir que un inmigrante que había tramitado un expediente de arraigo social pudiera cambiar de contratante, debido a que el primer empleador – tras la tardanza en resolver que había cometido la propia Administración – no quiso mantener el contrato que había firmado más de seis meses atrás.
El Defensor del Pueblo recordó que durante el periodo posterior a los estados de alarma por el Covid se dictaron unas instrucciones que permitían hacer precisamente eso, y además argumentó jurídicamente cómo admitir ese cambio de empleador es completamente legal y muy razonable cuando precisamente es la Administración la causante – por activa o por pasiva – de la demora en la resolución de expedientes. Además, ello evitaría a la propia
Administración el tener que gestionar un expediente más, y sería una medida de flexibilización evidentemente favorable al ser humano, y coherente con la propia responsabilidad de la Administración que provoca que expedientes de unos pocos documentos cueste resolverlos periodos de tiempo inasumibles. Resulta poco coherente protestar o excusarse por la falta de medios pero provocar con decisiones como éstas una duplicación burocrática que no favorece a nadie, porque el extranjero se ve obligado a volver a presentar otra vez un expediente nuevo sin necesidad, y a asumir las largas esperas que ello conlleva.
La Dirección General, haciendo alarde de rigidez y de falta de criterio práctico, se ha agarrado a la literalidad normativa para decir que cambiar de empleador sólo cabe si éste se ha muerto o desaparecido durante la tramitación, y que ellos mismos tarden todo el tiempo que tardan no es motivo suficiente para facilitar algo que sí se facilitó durante el Covid.
El Director General es nuevo, viene de gestionar la economía en La Rioja, y no tiene en su currículum ninguna relación con la inmigración, por lo que se entiende que en esta su primera etapa se está dejando aconsejar por asesores que, desde luego, no presentan la actitud necesaria, ni coherente con las intenciones anunciadas desde el Ministerio de reducir la carga burocrática que pesa como una losa sobre los procedimientos de extranjería.
Desde Extranjeristas en Red recordamos que ese no es el camino y le pedimos al nuevo Director General que antes de dejarse llevar por malos consejeros, atienda a las necesidades de mayor flexibilidad de una Administración que en ocasiones adolece de todo lo contrario.