El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano cuyos dictámenes son vinculantes para el Estado y sus tres poderes, ha dictado un Dictamen en el que condena de España por cuanto “la aplicación de los requisitos administrativos impuestos para el acceso a la educación pública, que resultó en la exclusión definitiva de S. J. del sistema de educación constituyó una violación de su derecho a la no discriminación en virtud (…) de la Convención”.

El caso de SJ era el de una niña de más de 16 años (edad de escolarización obligatoria) a la que se le niega la escolarización porque no tiene la formación previa, a la cual no se le permitió acceder en su día bajo la burda excusa de que no tenía padrón, al cual no se le dejaba acceder por no tener permiso de residencia, pero que demostraba claramente que era residente efectiva en Melilla. De hecho, cabe recordar que desde 2020 las fronteras de Melilla están cerradas, ergo cada residente en Melilla no puede serlo de otra manera que efectivamente, sin poder salir a Marruecos.

Cuando se acudió al Comité, éste obligó en una medida cautelar que obligaba a escolarizar de inmediato, pero el Estado incumplió, por lo que el dictamen condena a España no sólo por la violación del derecho a no sufrir discriminación en una escolarización efectiva, sino también por la falta de cumplimiento de las medidas provisionales. La condena recoge una serie de medidas que el Estado debe adoptar :

1.- Una, que incluya una indemnización adecuada por las violaciones sufridas
2.- Medidas positivas para ponerse al día y alcanzar el mismo nivel escolar de sus pares
3.- Evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, por lo que recomienda tomar medidas para garantizar que la residencia de menores en Melilla se corrobore adecuadamente, – no se resuelva con una mera falta de empadronamiento – la escolarización sea efectiva y comprobada DURANTE TODA SU MINORIA DE EDAD, SIN QUE QUEPA EXCUSA DE QUE SE SUPERA LA EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA; y remedios efectivos accesibles, rápidos y publicitados; además de, por último “proveer capacitación especializada para jueces y personal administrativo sobre la aplicación de la Convención y, en particular, sobre el presente dictamen”.

Esta última recomendación tiene gran interés por cuanto los problemas de escolarización de menores en Melilla vienen de largo, y el papel tanto de las autoridades administrativas como de las judiciales no ha hecho sino entorpecer el ejercicio del derecho en lugar de contribuir a su tutela y garantía.

Extranjeristas en Red confía y exige del Estado en su conjunto que cumpla con este dictamen y que terminen de una vez las interminables trabas y excusas para que todos los menores sea cual sea su situación administrativa, accedan a su escolarización en igualdad de derechos.

≡ FRANCISCO SOLANS PUYUELO, VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ DE EXTRANJERISTAS EN RED