Suenen las campanas: se concederá permisos de residencia a quien lleve dos años y prometa hacer una formación; el contrato podrá ser real, y no carrera de obstáculos; el arraigo laboral se racionalizará después de una instrucción que mejor olvidar; los familiares – mejor dicho, los españoles que tienen familiares extranjeros – verán reconocidos sus derechos sin requisitos absurdos. Y algunas otras cosas más que reservo a la letra pequeña, a la lectura de lo finalmente publicado en el BOE. Ya en su día celebramos esta reforma y la saludamos, hemos colaborado a ella con nuestras ideas y enmiendas que aun no sabemos en qué medida habrán sido estimadas.
Parece que se han tenido que superar los obstáculos habituales. Los conocidos y los inesperados. La mentalidad obtusa de quienes defienden la existencia real de ese mito abyecto del efecto llamada, la mendacidad suprema de quienes son tan incapaces de ponerse en el lugar del otro que no entienden la realidad más allá de sus narices de blancos burgueses del primer mundo, y sólo entienden el incentivo del beneficio. Criados en muelles cunas, arropados por conservadoras familias de bien, trabajan desde sus silenciosos despachos de alto funcionario y se permiten desconocen – ¿o desprecian? – la desesperación como supremo estímulo, e insisten en esa falacia con la que autoengañan a sus debilitadas conciencias. Ya los conocemos, y nunca se cansan (poco trabajan, desde luego no mucho con el cerebro).
Pero otro obstáculo reseñan las crónicas, este no por conocido menos cínico, pues esconde otro tipo de miseria: la cobardía del burócrata, tan inane como el anterior a los efectos de su blando bienestar sobre los otros. Se nos cuenta que el Ministerio de Administraciones Públicas ha objetado un posible colapso de sus Oficinas de Extranjería, cuyos resultados a día de hoy no son capaces de ocultar una realidad dominada por la falta de razonabilidad, y la preferencia por perjudicar a mil que merecen el derecho, antes que beneficiar a un minoritario defraudador con el derecho que no merece.
Los expedientes que se resuelven en las Oficinas de Extranjería son de una simplicidad que para sí quisieran la mayoría de funcionarios del mundo, y si de algo pecan por complicación es por la búsqueda artificial y artificiosa de complicaciones burdas y absurdas, que sólo tienen la intención de obstruir, impedir, dificultar e inflar cifras que, por impresentables que resultan, sólo a ellos benefician. Detrás de esas cifras, el desesperado espera, y espera, y espera, y tantas veces se frustra. En demasiadas ocasiones se ha jugado a poner trabas estúpidas y generales a todo el mundo, por la tonta paranoia de la mera posibilidad de unos pocos engaños. Las cifras de tardanza en resolver ya no engañan a nadie.
Una solución proponemos, sin embargo, prevista en la Ley, posible, operativa, simplificadora, y realizable sin esfuerzo: el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo puede y debe interpretarse fuera de los estrechos marcos sancionadores – al fin y al cabo, se sitúa como parte del procedimiento común – y permitir que el inicio de un procedimiento a instancia de parte suponga, como regla general, la CONCESIÓN PROVISIONAL de la solicitud, al menos en cuanto a sus efectos más inmediatos.
Ello beneficiaría a todas las partes en juego: el empresario que firma el contrato podría tener al trabajador en el puesto unos pocos días después, el extranjero trabajando y cotizando, el autónomo ejerciendo y aportando, la Administración libre del estrés y ansiedad de tener que resolver miles de expedientes de los que depende el ejercicio de derechos vitales para mucha gente, aumentaría su organización y eficacia; el interés público no se vería desamparado ante posibles fraudes que siempre podrán ser detectados a posteriori (en los pocos casos en que se dan) frente al impedimento a priori de todos los casos marcado por el imperio de la desconfianza.
Si no queremos que la reforma se quede inoperante por las trabas de los de siempre, escondidos tras sus poltronas, se requieren medidas valientes y decididas.
