En agosto de 2021 saltó el escándalo cuando un Juzgado paralizó – a tiempo para muchos menores, pero tarde para un grupo de unos cincuenta – una expulsión colectiva en la que contrariamente a cualquier ley y procedimiento, se expulsaba a un grupo de menores de edad a Marruecos. El Ministro del Interior, Grande Marlaska, conocedor de primera mano de los hechos, como no puede ser de otra manera siendo su competencia directa, afirmó la legalidad de la actuación y la cobertura por el acuerdo con Marruecos de 1997, pese a que una somera lectura del mismo remite a la legalidad española, y ésta brilló por su ausencia, como ha venido a ratificar ahora la condena por prevaricación– antes de ello esa actuación calificada por un Tribunal Superior de Justicia administrativo como “groseramente ilegal” – a la Delegada del Gobierno y la Consejera de la Comunidad Autónoma.

A principios de 2024, años después de las expulsiones de menores hechas bajo su mando desde Ceuta en agosto de 2021 el Ministro del Interior más duradero de la historia de nuestra democracia, Grande Marlaska, y desde luego no el menos polémico, avaló en comparecencia pública la actuación de las ahora condenadas y se permitió decir que tenía el convencimiento pleno de que la actuación se había ajustado a la legalidad, y que había respetado el interés superior de los menores, aunque sólo un mes después, dejó a sus subordinadas a los pies de los caballos al negar haber intervenido.

Todo ello está en la hemeroteca, y ahora llama la atención su silencio.

La responsabilidad de un ministro está blindada por una serie de cortafuegos, y así la defensa de las acusadas diciendo que obedecían órdenes superiores se quedó en nada al no constar en ninguna parte esas órdenes. Pero desde una perspectiva de responsabilidad política es muy difícil sostener que la actuación de las condenadas no contara con el aval de quien, además, es juez de carrera.

Una vez más se repite un patrón de actuación en el que ya se ha incurrido en demasiadas ocasiones: se intenta resolver situaciones de emergencia con medidas ilegales y luego se avalan como legales y se intentan tapar de cualquier manera. Es ya casi una costumbre del Sr. Ministro, escudado detrás de esos cortafuegos.

Sin embargo la responsabilidad política empieza a ser insoportable, y la contundencia de las sentencias judiciales comienza a ser incompatible con el ejercicio de tan alta responsabilidad. Grande Marlaska debería hacerse un favor a sí mismo, hacerle un favor al gobierno, y cumplir con esa responsabilidad, demostrando — si todavía puede — que no es un cínico Maquiavelo y que guarda todavía un mínimo de respeto al Derecho, presentando su dimisión. Por dignidad, por decencia, por Justicia.

≡ FRANCISCO SOLANS PUYUELO, PORTAVOZ DE EXTRANJERISTAS EN RED