Durante la tarde de ayer en Extranjeristas en Red mantuvimos una reunión abierta de análisis del nuevo reglamento de extranjería en la que se decidió la INTERPOSICIÓN DE RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, dado que se detecta un grupo de cuestiones que si no se resuelven en corrección de errores, suponen vulneraciones de la ley, cosa que no puede hacer un decreto.

Ahora bien, la situación más lamentable que se apreció gira en torno a las consecuencias que puede conllevar la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª, que apareció sorpresivamente en el último texto conocido y que afecta a casi 200.000 personas, solicitantes de asilo en uno y otro grado de tramitación. El gobierno pretende resolver de un plumazo el problema de las peticiones de asilo que considera espurias – de inmigrantes puramente económicos, para poder conseguir una situación de regularidad – ignorando que lo problemático de la situación viene provocado y es responsabilidad de la inoperancia del propio gobierno en resolver esos expedientes en periodos de tiempo razonables.

La redacción resulta ininteligible, cargando sobre las espaldas de los administrados las consecuencias de la tardanza en resolver, responsabilidad de la Administración, y dada la tendencia a interpretar las normas siempre en contra de los intereses y derechos de los extranjeros, llevará a un auténtico desastre sin paliativos.

Empresas en funcionamiento que tendrán que cerrar, empresarios que deberán cesar a trabajadores durante un mínimo de seis meses pero sin poderlos despedir con seguridad y en momentos de carencia de empleo, la pérdida de miles de trabajos, comercios que tendrán que cerrar sus puertas, enfermos y ancianos que verán su asistencia interrumpida, familias que deberán suplirles o arriesgarse a seguir ilegalmente, estudiantes que tendrán que interrumpir sus estudios, cotizaciones que resultarán nulas y habrá que devolver, o sencillamente no se reciban por la SS, millones de euros en tributación que el propio Estado no recibirá, expedientes sancionadores que puedan llevar a la expulsión a personas que llevan años entre nosotros… y un sin fin de situaciones que, SIN EXPLICACION ALGUNA, se verán interrumpidas por la exigencia de esa cláusula de que personas que de una forma u otra hoy están regulares, trabajan y cotizan, deban pasar medio año al menos de irregularidad para poder acceder a un procedimiento que les devuelva sus derechos. Si es un error es mayúsculo; si no lo es, la indiferencia a las consecuencias es escandalosa.

Urge y exigimos de la Secretaria de Estado de Migraciones que se dicten instrucciones de aplicación claras de esa cláusula transitoria, que fijen una interpretación que evite en la medida de lo posible la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar en que se va a provocar un daño incalculable. Si es necesario forzar la interpretación, que se haga, sin excluir la prórroga de todos los periodos y plazos que la propia cláusula prevé. Pero provocar semejante daño sólo por el afán de “castigar” a quienes se acogieron a una fórmula legal con tal de no caer en la irregularidad resulta no sólo un despropósito evidente, sino un desastre provocado que se puede evitar y del que avisamos con estos cinco meses de antelación.

≡ FRANCISCO SOLANS PUYUELO,  PORTAVOZ DE EXTRANJERISTAS EN RED