Desde hace algún tiempo que desde Extranjeristas en Red se viene detectando una mala praxis en la actuación de Frontex en coordinación con Policía Nacional (UCRIF, en particular), en cuanto a la detección de personas que pueden llegar a ser acusadas de delitos contra los ciudadanos extranjeros, por conducir una embarcación, cargar con un GPS o un bidón de gasolina; en ocasiones bajo amenazas y coacciones de organizaciones criminales que se lucran de su desesperación.
La mala praxis consiste en tomar declaración a los llegados en patera, personas que están privadas de libertad, pues aun no se ha decidido si expulsarlos, devolverlos o llevarlos al juez para su internamiento en CIE, con lo que no saben qué declarar, ni si lo que declaran les puede convenir o no a su defensa. Esa declaración es muy importante, pues, aunque es personal de Frontex quien la recaba en primer lugar, luego en el expediente la reproducen como obtenida por la UCRIF, y sirve tanto para designar a un testigo como protegido, como para acusar a alguien de pertenecer a mafias de tráfico de personas, todo ello con una gran falta de rigor y cautela y sin las garantías necesarias, a pesar de su condición de detenidos.
En las primeras ocasiones en que vimos esta actuación, el representante de Extranjeristas en Red en Almería se dirigió al responsable de Frontex como abogado de oficio, pidiéndole estar presente en la entrevista, lo que se le negó, dándole varias excusas, como que no estaban detenidos (que lo están) o que como es actuación de Frontex no procede (lo cual es indiferente, si está detenido) negándosele sin mayor fundamento. En un segundo intento, fue la policía nacional de Almería la que denegó todo permiso para hablar con Frontex, y de esa manera para poder asistir al detenido en esa declaración.
Tras ello, se intentó hablar e interponer queja ante la Agencia de Derechos Fundamentales de Frontex. Inicialmente, la Agencia no permitió el planteamiento de una queja genérica en relación a esta mala praxis. A pesar de la negativa, se insistió a través de la figura del Serious Incident Repport (SIR), que hubiera permitido a la Agencia esclarecer los hechos denunciados; no obstante, la propia Agencia de Derechos Fundamentales de Frontex rechazó de plano esta posibilidad, a pesar de ser materia de su competencia al tratarse del derecho fundamental a la asistencia letrada de las personas entrevistas por los agentes de Frontex.
Paralelamente, la cuestión fue puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo europeo y el español. A nivel comunitario, el ombudsman admitió a trámite la queja planteada en términos generales denunciado la referida mala praxis y requirió a Frontex las oportunas explicaciones por escrito, que deberían ser remitidas a la institución desde Frontex en las próximas semanas. Por su parte, el Defensor del Pueblo español, pidió los informes oportunos a las autoridades, las cuales no debieron responder con mucho acierto, pues la recomendación del Defensor es contundente y se resume:
Que se expliquen claramente las garantías y el carácter voluntario de esas entrevistas, que las entrevistas no sean declaraciones indagatorias encubiertas, si no se cumple al tiempo con el derecho a la asistencia letrada, y se hagan sólo si la persona está en condiciones y con la debida confidencialidad.
Leído a sensu contrario, la actuación de Frontex se estaba realizando sin cumplir ninguna de esas garantías, llevados por una obsesión por el control de las entradas ilegales que les impide ver que se trata de personas, con sus derechos y garantías, que deben ser siempre respetados.
Desde Extranjeristas en Red esperamos y confiamos que se tomará buena nota y se cumplirán las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de las que realizaremos el oportuno seguimiento, y una vez más se recuerde y aplique la misión humanitaria por encima de la obsesión securitaria.