El episodio en el que 168 personas, menores incluidos, se han visto obligados a malvivir en la cubierta de un buque español, a pleno sol hasta que pusieron unos toldos, defecando en cubos y con serios problemas de alimentación es una página más de la historia de infamias en la gestión migratoria que acumula Grande Marlaska, ahora en funciones, como Ministro del Interior.
En primer lugar, se intenta una repatriación a Mauritania fuera de los cauces del convenio de colaboración, al constar que el cayuco procedía de Senegal, con quien también se mantiene convenio, provocando una dilación indebida de la estancia de estas personas en un barco carente de las condiciones para estar más de unas horas. La negativa de Mauritania no puede ser criticada desde un punto de vista jurídico por cuanto no estaba obligada por el convenio, pero es que ademas la aceptación hubiera conducido a un serio atentado a los derechos humanos, al aceptar la devolución a un tercer país no involucrado y con el que los inmigrantes carecen de cualquier vínculo.
España se hace así responsable de una actuación negligente y de intento de abuso, que ha tenido dramáticas consecuencias en la integridad de estas personas.
En segundo lugar, debe constatarse que desde el momento en que estas personas son recogidas y retenidas por un barco de una autoridad policial española, en ejercicio por tanto de jurisdicción española, por mucho que sea en aguas territoriales internacionales o de un tercer país, estas personas se encuentran en territorio español, y es de aplicación el ordenamiento jurídico español.
¿Alguien les ha informado de su derecho a pedir y en su caso – tras el oportuno procedimiento de análisis y estudio de su solicitud – obtener asilo, de conformidad con la Convención de Ginebra de 1951 firmada y ratificada por España y de conformidad con nuestra propia ley de asilo?. ¿Han recibido algún tipo de asistencia y asesoramiento jurídico esas personas, en esa peculiar situación de la que no podemos predicar que se encontraran en plena libertad? ¿Se ha valorado específicamente la situación de desamparo evidente de los menores y las consecuencias de aplicarles la norma española?
Mucho tememos que, una vez más, ha privado el interés en devolver y expulsar que el de cumplir la ley y los derechos humanos, y se sostiene por sí misma la hipótesis de que no se les haya informado o – peor aún – si hubieran ejercido su derecho de solicitud no se le hubiera dado cauce alguno, con oídos sordos a tal solicitud, tal y como por otra parte viene siendo la linea política del Ministerio de Marlaska desde hace años. En caso de que alguno de ellos hubiera ejercido ese derecho, deberían haber sido conducidos a territorio español de inmediato, por imperativo legal, imperativo que parece que al juez Marlaska le cuesta mucho tener en cuenta.
Exigimos que, si aun estamos a tiempo, se rectifique la actuación y se adecúe a la legalidad, mediante la información de sus derechos a estas personas y una investigación imparcial que determine las responsabilidades del intento de abuso sobre el derecho de Mauritania, las condiciones de vida a que han sido sometidas estas personas durante tantos días, la información que se les haya facilitado, la gestión de sus derechos tras ello y dada la conflictiva situación de Senegal, incluso la posibilidad de que se esté violando el principio de no devolución en muchos casos.
Todo ello no supone la puesta en duda de la profesionalidad de la Guardia Civil, que entendemos ha primado en su actuación en todo momento el salvamento de las vidas de estas personas, y que se encuentran sometidos a órdenes superiores.