Han trascendido a través de las redes las imágenes de cómo, ante la llegada de algunos inmigrantes que realizaban una entrada ilegal en el territorio nacional – algo que no es ningún delito, aunque sea un ilícito administrativo -, varias personas se abalanzaban y les perseguían hasta retenerlos por la fuerza y contra su voluntad, es decir, les detenían (mientras otros ciudadanos les decían que les dejaran en paz), hasta que llegaban los policías, que se los llevaron ante la autoridad competente. Hace unos seis años las imágenes fueron las contrarias, y los veraneantes ayudaban y daban agua a los exhaustos inmigrantes. ¿Qué ha pasado en estos seis años?
El caso es que es muy posible que esos que se creen buenos ciudadanos y salvadores de la patria hayan cometido un delito de detención ilegal, y debe caer sobre ellos, por mucho que seguramente aleguen ignorancia, todo el peso de la Ley.
La libertad de movimiento es no sólo uno de los pilares del Estado de Derecho, sino un derecho fundamental, de tal manera que únicamente una autoridad con suficiente representación del Estado y motivos justificados pueda practicar una limitación de esa libertad: una detención. La Ley prevé sólo pocas excepciones (evitar un delito, la fuga de una cárcel…), y entre ellas no está ni impedir un ilícito administrativo, ni tan siquiera colaborar en reprimirlo. Quien fuera de esas excepciones y motivos contemplados en el art. 490 LECRIM, y sin estar imbuido de la debida autoridad pública, practica una detención, estaría cometiendo un delito de detención ilegal. Quien ha sido confundido o se ha dejado engañar por el discurso de la criminalización del inmigrante ha caído en la trampa de cometer, presuntamente, un delito. Tanto, que puede criticarse a las fuerzas de seguridad de negligencia por no haberles detenido en ese momento junto a los inmigrantes.
Desde Extranjeristas en Red pensamos que ahora es el turno del Derecho y de las Instituciones frente a la barbarie de tomarse la justicia por su mano. Debe ser la Fiscalía de Granada quien, ahora sí como autoridad legítima, realice las oportunas averiguaciones en unas diligencias de investigación penal para identificar a los autores y presentar la necesaria querella ante la autoridad judicial. Que no tenga que ser la ciudadanía quien le marque el camino de la ley.
La sociedad se debe a sí misma una reflexión profunda sobre qué está conduciendo a que unos supuestos patriotas se crean con la autoridad, la legitimidad y la fuerza que no tienen legalmente, ni para detener a inmigrantes, ni para lo que crean que puedan hacer a quien no encaje con su alterado juicio. Se trata de una cuestión de civilización.
≡ FRANCISCO SOLANS PUYUELO, PORTAVOZ DE EXTRANJERISTAS EN RED