La prioridad de Extranjeristas en Red es el respeto a los derechos de los menores extranjeros, es más, el respeto de los derechos de los menores, que desde la obligación internacional marcada por el Convenio Internacional no son extranjeros o nacionales, sino menores, ante el Estado.

La proposición de ley que se está discutiendo de reforma de la Ley de extranjería para posibilitar el reparto de menores hacia otras comunidades hizo que indagáramos sobre cuál es la situación en Canarias, que haya podido llevar al gobierno a tomar esa iniciativa, y la verdad es que el panorama es dantesco, y nos vemos en la obligación de denunciar con contundencia una situación frente a la que la ley anunciada puede jugar el papel de un desvío de la atención, por muy necesaria que sea.

En Canarias hay menores en la cárcel, niños que abusivamente son considerados adultos a todos los efectos, niños en la cárcel, en centros de internamiento, sus expedientes paralizados, su escolarización inexistente, condenados a ser parias de por vida, a la mendicidad o la delincuencia, debido a la irresponsabilidad, cuando no a la negligencia y mala intención de considerarlos como extranjeros antes que como menores.

El Ministerio del Interior, que ya en Canarias ha dejado un legado lamentable de malas prácticas en extranjería, en lugar de colaborar activamente por resolver la situación contribuye al colapso al negarse a emitir las cédulas de inscripción de indocumentados de las que son responsables por ley, elemento básico para documentar a estos niños. Y documentar en nuestra sociedad es requisito básico para reconocer la existencia como personas. Negar esa documentación es más que ocultar, es enterrar activamente en vida a estos niños. Pues bien, el Ministerio de Grande Marlaska impide la documentación, creando un cuello de botella raíz de todo el colapso del sistema.

A continuación, las oficinas de extranjería, en los casos en que igualmente debe proceder a emitir esas cédulas, en lugar de darles prioridad, anquilosa el trámite con infinidad de trabas, o llega a denegar estas cédulas de inscripción que permiten tener a la persona , al niño, por tal persona.

Después la Fiscalía, traicionando su sacrosanta obligación de erigirse en protectora de los derechos fundamentales, especialmente de los menores, maniobra torticeramente por hacer que cuantos más mejor sean considerados mayores, incumpliendo la ley, sometiendo a pruebas de determinación a menores que lo son evidentemente o que aportan documentación, ocultando las dudas que de forma natural arrojan estos procesos y eliminando las horquillas de edad determinable (el famoso +/- 2 años) y provocando indebidas mayorías de edad de quienes quedan además indefensos.

Por último, la Dirección General de Protección del Menor del Gobierno Canario es culpable de la descoordinación, la falta de soluciones y medios, el estado de los centros de acogida, la ocultación de esas actitudes antes señaladas, de cobardía en su deber de protección.

Ante esa situación, la proposición de Ley, más preocupada sin duda en sortear el laberinto de competencias autonómicas y nacionales en la protección del menor, propone una fórmula que le permita repartir a esos menores antes de ser víctimas de ese sistema que se está reproduciendo en Canarias, que más que colapsado deberíamos decir que está putrefacto, pues tiene sus responsables, como hemos señalado, sin que nadie hasta el momento se haya molestado en señalarlos.

Es una proposición de ley necesaria, una medida necesaria, que apoyamos, pero no puede hacer que apartemos el foco del punto neurálgico del problema: el colapso canario de la acogida de menores es en un gran porcentaje no ocasionado por la cuantía de las llegadas, sino provocado por la negligencia culpable de las administraciones apuntadas en este texto, comenzando por altos responsables policiales y por el propio Ministro.

Y una cuestión que llama la atención en todo esto es la ausencia y falta – con un silencio clamoroso de los directamente afectados – de una garantía legal absolutamente imprescindible, exigida por el Comité Internacional de Derechos del Niño, por el propio Convenio: la asignación de un defensor personal e independiente de cada menor, un abogado gratuito que asuma la defensa del niño ante ese fárrago laberíntico de determinación de edad, documentación, permisos, derechos violados, y un largo etcétera. Es ineludible que nuestras leyes exijan el cumplimiento de esa garantía en todos los casos, y que el Consejo General de la Abogacía lidere esa reivindicación, que por el momento sólo el Colegio de Abogados de Barcelona cumple con la pervivencia de un turno de oficio específico.

Desde Extranjeristas en Red exigimos:

1. Una investigación en profundidad de la situación general de los menores extranjeros en Canarias, señalando los responsables y cuáles deberían haber sido sus actuaciones correctas.

2. No sólo la aprobación de la Ley con un reparto proporcional y solidario de los menores en el resto de autonomías, con la debida financiación, sino el cumplimiento de las leyes y ordenamiento jurídico que hoy por hoy no se están cumpliendo con los menores extranjeros en Canarias.

3. La sanción de los responsables de esta situación, que no sólo se resolverá con una Ley como la que se pretende, sino que exigirá mucho más en esa línea.

4. El desarrollo de las normas necesarias para que cada menor tenga su abogado para defenderle con la ley frente a cualquier agresión del gran poder del estado sobre su pequeña cabeza.

≡ FRANCISCO SOLANS PUYUELO, VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ DE EXTRANJERISTAS EN RED